Por: Lic. Rodrigo Temoc Villagrán Hernández
En el año 2015, se efectuó la Cumbre de las Naciones Unidas, con el fin de establecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la cual, México fue partícipe. Dentro de dicha Cumbre, se lograron establecer diversos objetivos, pero uno de los más importantes fue la Reducción de las Desigualdades.
Con ello, nos hacemos los siguientes cuestionamientos, ¿qué estrategias se han instaurado en el país, en materia de inclusión y protección a minorías?, ¿se ha contribuido a garantizar, el derecho de los grupos vulnerables?. En México, algunos grupos sociales han decidido demandar mejores condiciones y que sean respetados sus derechos político-electorales, las personas con discapacidad son uno de ellos.
En el ámbito electoral, actualmente se han desarrollado espacios públicos y políticas con un entorno más igualitario, ya que construir una democracia inclusiva impacta de manera directa en la forma de ver y comprender el tema de la discapacidad. No me queda duda, que el modelo de inclusión social que se ha adoptado, es el más idóneo para que las personas con discapacidad, puedan participar en las decisiones públicas con autonomía y empoderamiento.
Todas las autoridades electorales, con base a los principios constitucionales y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se encuentran obligadas, a adoptar las medidas necesarias para garantizar una igualdad sustantiva y estructural, desde la perspectiva en que sea acatado el denominado “Modelo social de discapacidad”, generando elementos y condiciones de accesibilidad que otorguen su plena autonomía, tal es el caso de:
Asignarles un asesor jurídico.
Acondicionamiento estructural de espacios físicos.
Acompañamiento de personas de confianza, durante el desarrollo del proceso electoral.
La emisión de resoluciones en formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones al sistema braille y lengua de señas .
Las autoridades y la sociedad civil, deben comprometerse para crear mejores acciones que abonen a erradicar aquellas barreras, para que las personas con alguna discapacidad puedan involucrarse en la vida pública y política del país.
Al ser un grupo históricamente afectado, el reto no es menor, al saber que cada vez son más las personas que buscan incursionar en el ámbito político-electoral, por el cual es importante destacar dos puntos esenciales, en los que se debe continuar trabajando:
Mejorar el aspecto cultural, pues como sociedad se deben construir vías de formación, en el que sean sensibilizados los temas de discapacidad, pues seguimos repitiendo estereotipos al ver a las personas con discapacidad como inferiores.
Crear y promover espacios públicos, ya que no están hechos ni pensados a través de un diseño universal, siendo necesaria una educación de accesibilidad para que todos los lugares sean creados mediante un modelo incluyente.
“Ampliar el conocimiento acerca de la magnitud de la discapacidad, la diversidad y los rezagos e impedimentos sociales y legales que encara quien se encuentra en esta condición, son elementos indispensables para iniciar y dar continuidad a los procesos que de forma sustantiva, corrijan las diversas formas de discriminación y exclusión que padecen” .
Continuemos construyendo una trayectoria para la población con discapacidad, que sea acorde a sus derechos humanos, pero para ello la labor de las instancias gubernamentales, organismos autónomas, sociedad civil y la academia es fundamental. Busquemos que los próximos procesos electorales, sean menos los mitos que se deban romper y más las acciones que se deban iniciar.
