Por: Lic. Rodrigo Temoc Villagrán Hernández
Nuestros órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales, son instituciones indispensables para que se acaten los principios que contempla nuestra Norma Suprema, es decir, que todos los procesos electorales locales y nacionales resulten democráticos y auténticos. Para ello, deben existir órganos electorales robustos e imparciales en sus decisiones y quienes los conforman cumplan con las disposiciones de ley.
Aquellos que conforman los órganos electorales, deben ser designados mediante procedimientos certeros y transparentes, ya que de no existir una debida integración, durante los procesos electorales y poselectorales, reflejarán duda en los comicios y podrían dar lugar a controversias trascendentales.
La correcta integración de los órganos electorales, no es una cuestión menor o de poca importancia, pues las autoridades que lo conforman, deben ser independientes y actuar con gran ética profesional, pues de ellos depende la buena salud de nuestro sistema democrático.
Hace unos días, fueron seleccionadas las cuatro personas que integrarán parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los próximos nueve años, en ellos recae una responsabilidad fundamental para la vida democrática del país, pues son parte del órgano superior de dirección, responsables de vigilar los comicios y el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia electoral.
Los nuevos consejeros y consejeras, debieron aprobar diversos filtros y entrevistas para formar parte de dicho Consejo, demostrando que son el perfil idóneo y cuentan con la trayectoria profesional de acuerdo a su experiencia en temas operativos, administrativos, jurisdiccionales y académicos en materia electoral.
Con ello, se demuestra que en México integrar los órganos de manera imparcial, independiente y autónoma, ha sido una de las apuestas más importantes del proceso de transición democrático en el país, por lo que es inadmisible, ocupar un cargo como autoridad electoral a través del juego político, generando una afectación a los procesos electorales y creando una total desconfianza en la ciudadanía.
Hoy en día, el Tribunal Electoral ha establecido que para garantizar la estructura y el buen funcionamiento autónomo e independiente de nuestras autoridades electorales, se deben contemplar dos cualidad esenciales, una de carácter subjetivo y la otra de tipo objetivo. La primera, se cumple cuando en la normatividad, se establecen los requisitos a quienes aspiran a ser designados sobre el cumplimiento de ciertas cualidades, con el propósito de garantizar certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Como segundo aspecto, se obtiene cuando se confiere a las autoridades electorales, los elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades.
Nuestra democracia, depende del correcto funcionamiento de los órganos electorales. Ante ello, se ha vuelta un reto constante desarrollar un diseño institucional que asegure y beneficie la transparencia, imparcialidad y confianza en el desarrollo de nuestros comicios, protegiendo los derechos políticos del ciudadano.
Dicho reto, se encuentra en el reconocimiento del derecho, a poder formar parte de las instituciones que se encargan de organizar las elecciones e impartir justicia en esta materia tan especializada. Y esto, únicamente puede lograrse si la ciudadanía y diversas instituciones, se dan cuenta del papel que juegan las autoridades electorales para la vida democrática.
Una vez comprendido el papel que juegan las autoridades, los ciudadanos o asociaciones, tendrán la capacidad de exigir la correcta integración de las instituciones electorales, equivaliendo a otorgarles el poder de controlar los actos, ubicándolos como piedras angulares, para la conformación de los órganos democráticos.
Las autoridades electorales son garantes y ejecutores de los procesos electorales, encontrándose obligadas a implementar estrategias de promoción para la participación. Siendo fundamental que bajo su dirección, emprendan actividades que refuercen la cultura democrática y concienticen al electorado.
Es un desafío para las autoridades, involucrar en los procesos electorales a grupos específicos, debiendo afianzar en ellos el conocimiento y la integración de sus derechos, brindándoles información y herramientas específicas para facilitar su acceso a las instancias de participación.
