Por: Lic. Rodrigo Temoc Villagrán Hernández
Actualmente, la participación y liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas, es de notable importancia para los estados democráticos por diversas razones. En primer lugar, es una garantía básica de los derechos humanos, el derecho a votar y ser votado, pues resulta indispensable para la realización plena del derecho a la igualdad de las mujeres. En segundo lugar, porque una democracia representativa no puede excluir a ningún sector de la población, el propio principio de legitimidad democrática exige la plena participación y el liderazgo de las mujeres. Y en tercer lugar, los estados y las sociedades requieren para su progreso, la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones para la sociedad. Es así, que la presencia de la mujer en las esferas de decisión, incentiva la participación y el compromiso de más mujeres.
Lograr dicha inclusión y participación de las mujeres en los espacios públicos no ha sido una tarea fácil, pues aún existe la postura del sector masculino, que llega a preguntarse si la mujer cuenta con las características o el perfil idóneo para ocupar algún cargo de elección popular.
Es por ello, que con el hecho de estar vulnerando día con día los derechos político-electorales de las mujeres, estamos afectando el acceso a la mitad de la población del país, pues de acuerdo a datos del INEGI, el sector femenino representa poco más del 50% de la población.
Por lo anterior, introducir la paridad de género presume una condición obligatoria para el logro de un mayor equilibrio entre los géneros al interior de la función pública. Ello permite, desarrollar entornos igualitarios en la competencia electoral y fomentar la participación de mujeres en cargos de decisión con potencial, de modo frecuente y no como casos aislados.
La participación de las mujeres en los espacios donde se deliberan y deciden los asuntos públicos, es un avance para nuestra democracia, pues al aplicar las cuotas de género y la paridad, se ha logrado una construcción y transformación del sistema político mexicano para tener una democracia más justa e igualitaria con la ciudadanía, toda vez que la lucha por dichos derechos ha sido llevada a cabo por mujeres pertenecientes a partidos políticos y asociaciones públicas o privadas, además de contar con un constante apoyo por parte de las autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas.
¿Cómo ha contribuido la jurisdicción electoral al empoderamiento femenino?
• Se potencializó la aplicación a la paridad vertical y horizontal1, incrementando actualmente el número de curules femeninos para el Senado en un 49% y en la Cámara de Diputados en un 48%. Para el caso de Aguascalientes, en la sexagésima cuarta legislatura, las mujeres alcanzaron mayor representación, ocupando 14 curules las mujeres y 13 los hombres. Y para los Ayuntamientos, de manera histórica 58 mujeres accedieron a los diversos cargos frente a 51 hombres, generando actualmente un grado de representación femenino del 53% en los puestos de elección popular.
• Se implementaron acciones afirmativas2, con el fin de favorecer a las mujeres, por ser un género históricamente vulnerado, pues lo que se busca es que exista un mayor beneficio para su empoderamiento social.
• Se han creado mecanismos que impiden la obstaculización a los cargos públicos, mediante sanciones rígidas al emitir mensajes o acciones discriminatorias hacia las mujeres.
No cabe duda que el país se encuentra no sólo en un momento de reformas estructurales importantes, sino que socialmente, México inicia un cambio fundamental en su condición, con una sociedad que exige cada día más a sus órganos e instituciones de gobierno y un sector político que aún no ha cumplido con las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, no podemos descuidar y dejar de analizar las acciones afirmativas que han sido implementadas en beneficio del sector femenino, pues nos queda claro, que la participación política de las mujeres en nuestra vida pública enriquece a la sociedad y en especial a nuestro país
