Por: C.P. Lucy Arellano
El nuevo Gobierno Federal, encabezado por nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dentro de la “cuarta transformación”, presentó el pasado mes de mayo la iniciativa de la transformación del Sistema de Administración y Ejecución de Bienes (SAE), en el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, encabezado por el Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas.
Este nuevo organismo ya entró en funciones, independientemente de que no se encuentra considerado dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y dentro de sus atribuciones se encuentra el recuperar recursos mediante la subasta de los bienes embargados a las personas que obtuvieron recursos de procedencia ilícita o por evasión fiscal.
En el mes de mayo se realizó la primer subasta, la cual fue todo un éxito y los recursos obtenidos se destinarán a dos municipios de Oaxaca, de los más vulnerables y pobres del país; aunque en un principio mandatario comentó que se destinarían al programa nacional del combate a las adicciones.
En esta primer subasta, se remataron únicamente vehículos, desde el famoso “bochito” hasta un Lamborghini Murciélago y otros vehículos de lujo como camionetas Suburban blindadas; sin embargo, se tiene programado subastar residencias, casas, departamentos, joyas y condominios. Participaron 400 personas y se recaudaron 28 millones de pesos; de los 82 lotes se comercializaron 65 y quedaron 17 desiertos y el sobreprecio promedio fue de 69.9 por ciento.
El pasado mes de Junio se realizó la segunda subasta, en la cual el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) logró recaudar 56.6 millones de pesos en la subasta de departamentos, casas y ranchos decomisados a la delincuencia organizada; de esa cantidad 51.3 millones irán a comunidades de Guerrero, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que 4.3 millones a un fondo de reparación de daños a víctimas.
De los 27 lotes disponibles se vendieron 9 y 18 se declararon desiertos; de haber vendido todos, lo cual sería extraordinario para una subasta, se habrían logrado reunir como mínimo 165 millones de pesos. En esta ocasión se compraron 66 bases de compra, en comparación con 800 de la previa subasta de autos, sin embargo, los lotes ofertados en esa ocasión fueron 82.
En números, se espera que la recuperación de recursos derivados de las subastas en éste año sea de 62 millones de dólares. Los críticos de la nueva política gubernamental han tachado la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como “populista”, sobre todo porque no existe una motivación del destino de los recursos que serán recaudados con las subastas.
Esta nueva estrategia de incautación de bienes y recursos, se basa en una reforma de Ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien mueble o inmueble mediante órdenes judiciales. La iniciativa será discutida en el Congreso de la Unión, para ampliar los delitos que cubre la Ley, con lo que este organismo espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción o por el enriquecimiento ilícito derivado del robo de combustibles.
Esto se realiza con la intención de recuperar los recursos que debieran pertenecer al estado, a través de confiscar a los personajes “huachicol de cuello blanco”, como lo llama el Presidente de nuestro país y que se refiere a la condonación de impuestos que realizaron los ex mandatarios federales que hasta el sexenio anterior tenían la facultad de condonar impuestos a empresarios millonarios y que fue eliminada por decreto presidencial.
Ahora solo nos queda esperar a ver si el Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, realizará auditorías a los adquirentes de los bienes subastados, para determinar la procedencia de los recursos con los que se adquirieron dichos bienes y de ésta manera se confisquen otros bienes para ser subastados, de manera que se le devuelva al pueblo lo robado al estilo “Robin Hood”.
