Por: Lic. Rodrigo Temoc Villagrán Hernández
Debido a la expansión mundial del denominado virus COVID-19, se ha generado un impacto directo y negativo a los servicios públicos, así como a eventos que resultan fundamentales en las sociedades democráticas. Los procesos electorales son uno de ellos.
Lamentablemente, dicha pandemia ha puesto en jaque a los países y estados para poder celebrar o posponer las elecciones que se tienen programadas. Además, la oportunidad de la ciudadanía de reelegir o remover a quienes son seleccionados para un puesto de elección popular, se encuentra en crisis, siendo un derecho primordial para nuestra democracia.
Con ello, nos hacemos el siguiente cuestionamiento ¿se deben cumplir los procesos electorales, poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de ciudadanos? o ¿debe evitarse la expansión y rebrote del virus a través de la prohibición de reuniones masivas, que conlleva el salir a emitir un voto?
El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), confirmó que de los 50 países, estados y territorios que tienen procesos electorales este año, algunos de ellos se encontraron imposibilitados para desarrollar una jornada electoral segura, por lo que optaron en diferir el ejercicio del voto. Sin embargo, otros países tomaron el riesgo de continuar con las elecciones programadas.
Actualmente, continuamos con el brote del COVID-19 en el mundo y bajo la incertidumbre de ¿cuándo existirá alguna cura?, los países se preparan para enfrentar una nueva normalidad, en la que puedan llevar a cabo las elecciones programadas y garantizar un ambiente de votación segura.
La capacidad de realizar las elecciones de manera segura, requiere de ciertas medidas y la existencia de algunas condiciones previas fundamentales, pues cada país tiene diferentes condiciones históricas, sociales, políticas, culturales, de infraestructura y económicas. Por ello, cada país deberá analizar de manera muy minuciosa sus propios contextos, que les permitan estar en condiciones óptimas para tener unas elecciones estables.
Dicho lo anterior, la Fundación Kofi Annan, presidida por el mismo ex secretario general de las Naciones Unidas y enfocada a la promoción de una mejor gobernanza mundial y el fortalecimiento de las capacidades individuales y nacionales a fin de lograr un mundo más justo y pacífico, proponen que los procesos de votación durante la pandemia, reflejen y respeten los siguientes principios fundamentales:
Adherirse firmemente en la ley. Adoptar medidas de emergencia conforme a las disposiciones constitucionales y a la legislación. De no existir dichas medidas, se deberán adoptar los cambios necesarios, de conformidad a las obligaciones nacionales e internacionales.
Un apoyo político amplio. Implementar un enfoque consultivo que promueva el entorno político, con el fin de que las medidas no se perciban como una manera de obtener ventaja política, pudiendo afectar la confianza pública y así, afrontar la crisis sanitaria de manera pacífica.
Una comunicación clara y transparente a la ciudadanía. Los medios de comunicación y las instituciones, tienen la función de prevenir la erosión de los principios democráticos mediante el seguimiento de las políticas, la promoción y el debate público.
Proporcionalidad. Que cualquier medida adoptada, debe ser razonable y proporcional al riesgo planteado por el COVID-19.
Tener la mejor información técnica disponible. Toda adopción de medidas adecuadas y proporcionadas requerirá, además de certidumbre jurídica y aceptación política, del conocimiento de los expertos en la materia.
Plazos concretos. Debe existir claridad, respecto al modo de determinar el momento en que se han superado los riesgos.
Atención a los grupos afectados. Una atención especial a los ciudadanos que en este momento se encuentran bajo el trabajo sanitario, el personal de seguridad que se encuentra luchando por la crisis, así como los grupos marginados, mujeres, las personas con discapacidad, los ancianos, refugiados y migrantes, los grupos minoritarios y personas privadas por algún derecho.
De acuerdo a los principios mencionados, nos damos cuenta que los retos operativos no son una tarea fácil y son decisiones que no deben de tomarse de la noche a la mañana, debido a que se pone en juego la salud, la seguridad de los ciudadanos, la integridad de las elecciones y la legitimidad de los sistemas democráticos.
Con ello, radica la importancia de mantener las instituciones, reglas y acciones democráticas, aun y cuando un país se encuentre en crisis o emergencia, pero siempre ponderando y protegiendo un derecho fundamental y universal, nuestra salud.
