Lic. Salvador Vázquez
La historia de la justicia electoral en nuestro país se ha construido a través del diseño institucional y de la dinámica jurisprudencial. En la actualidad existe un momento legal en el cual la justicia electoral y la legislación han tenido un papel relevante sobre los alcances de los derechos de participación política y las condiciones para la validez de las elecciones.
A partir de las Reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, en la reforma de 1977, inició la apertura que permitió construir un sistema democrático y como consecuencia se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE). En la reforma de 1986, surge una nueva reforma electoral en la cual se promulgó el Código Federal Electoral que a la vez dio origen al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Cuatro años más tarde, en la reforma de 1990 nace el Instituto Federal Electoral, autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones. Se crea también el Tribunal Electoral, el cual fue reconocido como órgano jurisdiccional autónomo, competente para sustanciar y resolver los recursos de apelación y de inconformidad, facultado para sancionar a los partidos políticos que no cumplieran con sus obligaciones y para garantizar la legalidad de los actos del IFE.
En la reforma 1993-1994, fue publicada una nueva reforma electoral cuyo objetivo era perfeccionar la actuación de las autoridades electorales -IFE y Trife- y garantizar mayor equidad para el proceso electoral de 1994.
La reforma de 1996, se distinguió por eliminar la presencia gubernamental en el IFE, ciudadanizándolo por completo y otorgándole autonomía constitucional misma que garantizaba la imparcialidad e independencia.
Once años después en la reforma 2007-2008, el eje principal de esta reforma fue la prohibición de que los partidos contrataran espacios en medios masivos de comunicación. Pero también, le otorgo facultades a la autoridad electoral para administrar y vigilar la relación de los partidos políticos con los medios mencionados.
En 2014, reforma que es de todos conocida, surgieron nuevas reglas electorales en la cual se buscó construir una reforma política que delineara la relación entre el legislativo y el ejecutivo conforme a nuevas fórmulas, pero también incorporó mecanismos que garantizaran los procesos de participación ciudadana, la reelección legislativa y de autoridades municipales, misma que estableció nuevas reglas para la sobre y subrepresentación legislativa, además de la paridad de género.
La función principal de la competencia electoral es garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que la ciudadanía pueda ejercer plenamente el derecho al voto, de modo universal, libre, secreto y directo. Ante ello, la función electoral ha ido expandiendo su ámbito de cobertura ante vacíos legales; en donde proyecta la protección y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Por lo anterior, el interés impostergable de los Tribunales Electorales Locales es presentar propuestas al Poder Legislativo con miras a la reforma que se deslumbra, con el objetivo de enriquecer el dictamen final en materia electoral.
Contar con una variable constante para el funcionamiento integro de los Tribunales Locales es la asignación de un presupuesto específico. Ello permitirá en gran medida generar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, para contar con rangos y categorías de las autoridades electorales locales, y con ello, garantizar la tutela de derechos ciudadanos y mayor difusión de la cultura de la legalidad y la justicia electoral.
Los tribunales locales son indispensables y necesarios para la vida democrática de nuestro país, ya que son el primer contacto con la ciudadanía y tienen como finalidad la defensa de sus derechos políticos y electorales; resguardan además la vida política-electoral de la sociedad, dándole a la ciudadanía una justicia cercana, expedita, real y casi tangible, a través de una justicia abierta que fortalece la democracia.
La judicialización de los Procesos Electorales surge de la necesidad de dirimir conflictos a través de órganos especializados e imparciales, en el que, se resuelven controversias con apego a la normativa vigente y al margen de consideraciones partidistas o de coyuntura política.
La profesionalización de la función electoral tanto de las y los magistrados, así como del personal jurisdiccional que los integra es fundamental para que puedan contar con la experiencia, solvencia moral y, sobre todo, la capacidad intelectual a fin de ejercer justicia electoral apegado a los principios de objetividad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad.
