Por: LRI. Edgar Busson
El gobierno electo de AMLO plantea descentralizar dependencias federales a diversos Estados de la República agregando un costo piso de 110 mil millones de pesos al gasto para 2019; ejecuta ya una Ley de Austeridad y una Ley de Remuneraciones, ambas recién aprobadas por el H. Congreso de la Unión y designa a su voluntad coordinadores estatales en su representación; el pasado mes de septiembre, el presidente electo enfatizó que México estaba en bancarrota, al día siguiente de ese comentario expresó que el país no lo estaba y 12 horas después que se malinterpreta y desinforma sobre lo que dice; esto en contexto a la expectativa del cumplimiento de sus promesas de campaña que día a día se derrumban y que en presupuesto no cubren en absoluto su posibilidad de logro.
Descentralizar las dependencias federales implica al menos tres impactos demoledores a la economía nacional; uno, el gigantesco gasto de traslado tanto en mobiliario, equipo e instalaciones y flotillas, así como rentas de edificios, gastos de adecuación y mantenimientos por cada dependencia hacia cada Estado; dos, los traslados del personal que decida moverse a otra entidad, con los respectivos costos de mudanza, adquisición o renta de vivienda, cargo de nómina, apoyos especiales prometidos y movilidad que suma a los indicadores poblacionales generando los sesgos censales y la diversificación cultural en un encuentro de hábitos y costumbres distintas; tres, la generación de desempleo y pago de finiquitos para quienes no se mueven hacia la descentralización, pero la generación de empleo en las entidades a las que se trasladan las dependencias, ocasionando la alternancia de la desestabilidad económica y la variación de los indicadores de pobreza, dejando claro que no es intención del gobierno electo crecer la plantilla laboral, sino su adelgazamiento, esto es, no contratar personal.
Las serias contradicciones del mandatario electo tanto en sus declaraciones como en sus proyecciones presupuestales, directrices de gobierno y agendas de trabajo, más irresponsables tabús de izquierda como el uso del avión presidencial, la inconsistencia sobre el uso de las instituciones de salud que prodiga y las que usa, habitar Palacio Nacional con descripciones de miseria y precedentes despectivos; la confrontación contra Trump y el desdecirse unas horas después; el trato a la prensa con descréditos, descalificaciones y soeces adulaciones para minimizar los cuestionamientos sobre lo que él dice, no suman, restan; y lo más grave es que la expectativa de cambio por la que esperanzados votaron 30 millones de mexicanos se diluye; y los más grave, es que el símbolo de credibilidad y confianza que tiene hoy día la investidura de Presidente de México, poco a poco se desgasta, se acaba y terminará siendo la imagen pobre de un pobre hombre encumbrado en la incompetencia e irresponsabilidad de sus creencias personales y de su círculo político.
La consecuencia de las acciones descritas muy brevemente en estas dos entregas sobre el escenario del consumo nos indica: que el presupuesto planeado para gasto público en obra social, el recorte presupuestal y de personal de gobierno federal, sus delegaciones estatales y el exhorto a los poderes legislativo y judicial para hacer lo mismo; que la promesa de quitar impuestos, reducir las gasolinas, incrementar becas y pensiones, construir el tren maya, cambiar el aeropuerto, erradicar la corrupción, echar para atrás las reformas y distribuir el PIB entre la población, y que entre tantas otras ilusiones fallidas contra la realidad, son una falacia que desestabiliza la credibilidad y la confianza de los mercados internacionales en México, que el desatino de gastar en obra social y pública sin ingresar tributación de manera cautelosa y organizada sólo propiciará la generación de mayor pobreza, nula recuperación económica y un colapso macro y microeconómico.
