De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) consultada por revista Apolo, el año pasado, el delito del fuero común le costó al estado de Aguascalientes un total de 2,750 millones de pesos. El 60.9 por ciento de las víctimas del delito manifestaron haber sufrido algún daño económico, mientras el 20.5 por ciento tuvo daño emocional o psicológico, y el 5.7 por ciento daños físicos.
Además se añade que en poco más del 20 por ciento de los delitos existió agresión física, y el 79.2 por ciento sin agresión física de por medio, según se señala.
Es necesario puntualizar que existen dos términos: los gastos por anticipación al delito, que se dividen entre los efectuados por el sector público y los que hacen los agentes privados. Entre los primeros destacan los gastos en seguridad pública gubernamental. En Aguascalientes los gastos ejercidos en la creación y ejecución de medidas preventivas en contra de la inseguridad alcanzó los 1,127.7 millones de pesos. Por otro lado, un segundo tipo de costo es el generado por las empresas, las familias y los individuos a consecuencia de la comisión de delitos, y, de acuerdo a la estadística, un 39.4 por ciento cambió o colocó cerraduras y más candados para reforzar la vivienda o propiedad.
Hasta un 31.4 por ciento de las personas tuvieron que recurrir al cambio de puertas o ventanas para evitar el acceso de la delincuencia a los hogares. Así mismo, el 26.4% de la población o 365 mil 458 habitantes del estado, colocaron rejas o subieron bardas de su vivienda a fin de sentirse más protegidos.
También durante 2018, un 21.4 por ciento de la población realizó acciones conjuntas con sus vecinos para prevenirse de la delincuencia como la compra de cámaras, vigilancia privada, entre otras. Se añaden los gastos generados en atención a la salud ocasionados por los delitos, que incluye los pagos a hospitales, médicos, medicinas y la atención psicológica de las víctimas.
Este último punto también es interesante, las secuelas psicológicas y emocionales en la ciudadanía tiene un costo mayor y más relevante que el monetario. Según la encuesta ENVIPE, hay ciertas actividades que los ciudadanos han dejado de realizar por temor a la delincuencia como permitir que sus hijos menores de edad salgan de noche, usar joyas en vía pública, viajar por carretera a otro estado o municipio, llevar dinero en efectivo o bien tarjeta de crédito o débito; tomar taxis en ciertos puntos del estado, entre otros. Este costo es el que más afecta en la perspectiva de inseguridad de cada estado, la cual ha incrementado en el estado de 73.7 por ciento en diciembre del 2018 a 74.6 por ciento.
Las mujeres son las que más se sienten inseguras en Aguascalientes, pues un 79.6 del sector femenino total considera que el estado es inseguro; contrastando con un 68.3 por ciento de la población masculina.
Al final, lo más económico que adquirió la población en contra de la inseguridad fue la compra de un perro guardián, donde en Aguascalientes lo hicieron en un 5.4 por ciento de los casos.
Según se indica, a nivel nacional el costo del delito fue de 286.3 mil millones de pesos, lo que representó un 1.54% del Producto Interno Bruto (PIB).
Como consecuencia inmediata de los delitos e inseguridad, tanto el Gobierno Federal como las entidades federativas se ven obligadas a tomar medidas, deben realizar cambios legislativos, ampliación y modernización de los aparatos de procuración, impartición y administración de justicia, creación de instituciones de defensoría jurídica y de los derechos humanos, entre otras. Sin embargo, muchas veces, se ven rebasados por la corrupción, pues no se descarta que la delincuencia y la impunidad se registre en los altos niveles de gobierno, y personal poco capacitado, lo cual también genera un costo significativo a la federación y los estados.
Por supuesto dentro de esta encuesta no se contemplan o investigan los costos de vida de las personas que sufrieron alguna lesión o padecen incapacidad a raíz de un hecho delictivo, lo que sí es una realidad, es que requieren más métodos que logren calcular los costos del miedo a la delincuencia y los gastos en prevención del crimen. Así como el gasto emocional y de salud en las víctimas de diversos delitos, sin embargo, esto aún parece lejano para las autoridades federales, estatales y municipales.
