Por: Lic. Rodrigo Temoc Villagrán Hernández
Maestro en Derecho por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como Secretario Jurídico del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.
Debido a los grandes índices de corrupción, la falta de ética y transparencia en diversas instituciones del país, trajo consigo problemáticas que fueron creciendo de manera paulatina en la sociedad.
Estos fenómenos, generaron que los estados promovieran iniciativas de ley, creación de organismos públicos y capacitaciones en materia de transparencia, para garantizar una adecuada rendición de cuentas, así como el acceso universal de los ciudadanos al detalle del ejercicio público en sus funciones del día a día.
Con la reforma constitucional1 en la que se implementaron diversos ejes en materia de transparencia y así como la creación del Código Modelo de Ética Judicial Electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2, se logró realizar un avance acerca de la problemática de rendición de cuentas, volviéndose un elemento indispensable de todas las acciones ejercidas en instancias jurisdiccionales, además de resultar una función esencial para la actividad pública.
Por ello, el desarrollo en temas de transparencia que ha tenido México, se ha visto impulsado de manera universal hacia una ampliación o alcance de las libertades civiles y por la presencia de elementos sociales y políticos que generan presión sobre el gobierno, para que éste asuma una postura de apertura democrática, donde se incluye desde luego la promoción a la transparencia no sólo como una acción social, sino como una condición natural de los gobiernos y de la ética judicial que deben observar los diferentes órganos.
Aunado a lo anterior, la actividad judicial en materia electoral protege de manera intrínseca uno de los bienes de mayor importancia social, la DEMOCRACIA, en ese sentido es innegable que las decisiones que deben de tomar los funcionarios encargados de la tutela judicial del derecho al voto, el efectivo acceso a la justicia electoral, y en general que la constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales sean garantizados.
Es así, que se demanda un marco jurídico estricto respaldado en el estado de derecho, bajo reglas precisas y dictadas con un debido proceso; sin embargo y en atención a lo que demanda nuestra sociedad, es necesario incluir un sistema legal y valores que normen la conducta de los funcionarios.
Siendo necesario crear un programa académico en el que se refuerce la materia electoral, ya que merece especial atención por la importancia e inmediatez de sus decisiones, pues si bien se ha dicho que la administración de justicia se ha encontrado bajo las prácticas poco eficientes y manejos obscuros, también han emergido nuevas políticas dentro del diseño de los lineamientos y códigos de actuación de las instancias jurisdiccionales, permitiendo un avance importante en esta materia que busca promover la incorporación permanente de VALORES en la actuación judicial.
Hoy en día, el reto consiste en aterrizar la transparencia, obligación moral y responsabilidad como tres principios fundamentales de la ética judicial electoral, y que no sean tomados como un simple enunciado, sino que a través de medidas concretas podamos crear un clima de civilidad y de aceptación de resultados y legitimidad, que son propósitos de la democracia y del sistema jurisdiccional electoral en nuestro país.
Los principios ya señalados3, es un tema que aún debe seguir en construcción, donde la acción del gobierno dentro de este creciente proceso de ampliación de derechos ciudadanos y de transformación de la relación ciudadano-gobierno, necesita de la mayor atención e interés por parte de la sociedad.
El sentido de la ética jurídica no puede encontrar un verdadero resultado en la sociedad si éste no es compartido e impartido por expertos en la materia, generando confianza y creando plenamente un beneficio a la propia ciudadanía.
Pues la sociedad en su conjunto, a través de sus organizaciones, autoridades jurisdiccionales bien articuladas y partidos políticos organizados, deben participar activamente en el proceso de fortalecimiento, pues solamente mediante presión social hará de la ética jurídica un asunto de curso cotidiano.
