Por: Lic. Sandra Durán Cid de León
Cuando escuchamos el término de participación ciudadana, tendemos a pensar que se refiere exclusivamente a la facultad de votar y ser votado(a) para ocupar algún cargo de elección popular, como la elección que tendrá verificativo el próximo 5 de junio, para elegir Gobernadora.
Sin embargo, la participación ciudadana, es una noción muy amplia que, además, incluye la posibilidad de incidir de manera activa y responsable en el ejercicio del Poder Público a través de la planeación y revisión de políticas públicas; propuestas para planes de desarrollo; rendición de cuentas; sistemas anticorrupción; participación directa o indirecta en instancias públicas a través de consejos, observatorios ciudadanos, comités u otras estructuras administrativas; audiencias públicas; proceso legislativo (Iniciativa Popular); Cabildo Abierto; sociedad civil organizada, presupuesto ciudadano (Presupuesto Participativo), entre otros.
La participación ciudadana básicamente es la facultad legítima de la ciudadanía en intervenir, colaborar e influir, organizada y ordenadamente en los asuntos públicos del Estado, cumpliendo y respetando la legislación aplicable; es un derecho humano esencial para la construcción de un auténtico Estado de Derecho democrático; es simple y lógico, sin ciudadanos no hay Estado.
En 1983, se reconoció por primera vez en la Constitución Federal, la facultad de los sectores sociales en participar democráticamente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que, establecía la novedosa obligación de escuchar las demandas y aspiraciones de la sociedad, para incorporarlas a planes y programas de desarrollo del Ejecutivo Federal, generándose también el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Por su parte en Aguascalientes en 1987, se publicó la primera Ley de Planeación del Estado que, igualmente incorporaba la participación democrática de la ciudadanía en la planeación estatal y municipal.
De ahí en adelante, se han seguido ganando espacios y enriqueciendo la participación ciudadana de variadas maneras y regulada en distintos ordenamientos legales.
Por ejemplo, en el 2001 se publicó la primera Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes que reglamentaba 3 instrumentos de participación ciudadana: Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Ciudadana.
Sin embargo, tuvieron que pasar casi 18 largos años, para qué en el 2018, fuera actualizada y se expidiera una nueva ley que, reemplazaba a la anterior y adicionaba mayores instrumentos que no contemplaba su antecesora como: Consulta de Revocación de Mandato, Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto, Consulta Ciudadana y Comités Ciudadanos. Los anteriores son mecanismos que se crearon para garantizar el derecho esencial de todo ciudadano en “participar en la dirección de asuntos públicos”1, con el objeto de satisfacer una necesidad o interés colectivo, público, real y genuino de la sociedad y no para que, estructuras partidistas pretendan “legitimar planteamientos”, “medir brazo político” o allegarse de cumplidos.
¿Cómo debemos actuar la ciudadanía?
Nuestro rol debe ser responsable, comprometido, transparente e independiente, alejado de intereses ocultos, protagonismos o de la agenda del Estado.
La participación ciudadana, pretende un sano, legal y justo equilibrio entre el Estado y la sociedad. La soberbia en ambas partes simplemente no tiene cabida, ya pasó de moda. Ni el primero lo sabe todo y hace todo mal, ni tampoco la segunda tiene todas las respuestas y lo hace todo bien; cada parte tiene un papel específico e integrador en el desarrollo de Aguascalientes, pero la conexión y colaboración entre ambos debe existir respetando y observando el marco legal vigente, sin pretender mayores ventajas que el beneficio exclusivo de los habitantes de nuestra entidad; se trata de combinar acciones, recursos, tiempo e ideas para obtener soluciones concretas a problemas reales y complejos.
Nuestro marco legal en las 3 últimas décadas se ha adaptado para que la ciudadanía podamos participar, incidir y en su caso exigir, acciones de gobierno; los mandatos de ley existen, el reconocimiento de las y los ciudadanos como actores estratégicos en la nueva gobernanza ya está regulado, sigamos tomando consciencia y actuemos acorde a esta realidad.
