Durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, el Diputado Luis Enrique García López, a título particular y como integrante del Grupo Parlamentario Mixto integrado por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ha propuesto iniciativas de reforma a diversas leyes del marco jurídico estatal, todas ellas encaminadas a mejorar el servicio público.
El representante popular propuso reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes, con el objeto de implementar mecanismos que permitan a las autoridades tanto investigadoras, substanciadoras y resolutorias competentes en materia de responsabilidades administrativas, contar con atribuciones que permitan llevar a cabo procedimientos transparentes y apegados a la legalidad para la determinación de responsabilidad de aquellos servidores públicos y, en su caso, particulares tanto personas físicas como morales que participen en contrataciones públicas, para los casos en los que se incumpla la legislación motivo de la Reforma y dotar de mayor certeza jurídica a los intervinientes en dichos procesos.
Asimismo, propuso que la Contraloría y los Órganos Internos de control en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, evalúen anualmente el resultado de las acciones implementadas como medidas de control para el fortalecimiento institucional y evitar hechos de corrupción.
También sometió a consideración de sus homólogos reformar a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, en la que propuso la posibilidad de que la sociedad civil presente peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas las cuales puedan ser consideradas por el Órgano Superior de Fiscalización en el programa anual de auditorías, así como la posibilidad de denunciar hechos probablemente irregulares y que tengan relación inmediata y directa con recursos públicos que administran y ejercen las entidades fiscalizadas, para lo cual la autoridad promoverá los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades fiscalizadas.
Propuso una nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, a fin de contar con un ordenamiento legal que regule debidamente el proceso de ejecución de sentencias en materia penal, no solo respecto a penas privativas de la libertad, sino también de medidas cautelares decretadas por el Juez de Control y las condiciones impuestas por éste para la procedencia de la suspensión condicional del proceso, las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme, los medios de reinserción social a quienes se les haya impuesto alguna pena o medida de seguridad previstas en la ley, así como el establecimiento de las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario que faciliten una operación más eficiente y eficaz, a través de la consideración de un esquema ordenado en el que se contempla atribuciones y competencia de las autoridades en esta materia y el respecto a los derechos humanos de las personas sujetas a los procesos de referencia.
Con las anteriores iniciativas, pretende dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y la necesidad de contar con mecanismos legales de vanguardia que garanticen certeza jurídica a los intervinientes en materia de fiscalización del ejercicio de recursos públicos, responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares que ejercen presupuestos públicos y en ejecución de penas en materia penal.
