Por: Lic. Rodrigo Temoc Villagrán Hernández
Abogado del Poder Judicial de la Federación
Con el análisis e investigación de artículos y revistas jurídicas, especializadas en materia electoral, se podrán profundizar los cambios políticos en el país que han tenido un eje de transformación democrática, a través de una gobernanza electoral altamente especializada en la materia desde la reforma del 2014, y que con ello, podremos saber si dichos cambios que ha vivido México, han resuelto problemas que nos aquejan, creando una relación de confianza entre las autoridades electorales mexicanas y la ciudadanía.
Somos un país que se ha distinguido por tener una evolución de un sistema de partido hegemónico a otro plural y muy competitivo, reconociendo los ajustes e impactos legales e institucionales en materia de los derechos políticos y las fórmulas electorales, así como en la estructura, administración y justicia electoral.
Para ello, nace el concepto de gobernanza electoral, donde la ciencia política lo define como “el conjunto extenso de actividades que crea y mantiene el marco institucional en el cual se desarrollan los comicios y la competencia electoral.” 1
Siendo México un ejemplo de dicho modelo, basado en la creación de autoridades autónomas y bien preparadas, que cuenten con la capacidad de proponer innovaciones legales e institucionales necesarias para poder ampliar la democracia del país; cumpliendo siempre con los principios rectores 2 de la función electoral, ya que violentar alguno siempre va a crear una desconfianza para el ciudadano.
Aunado a lo anterior, la democracia requiere de la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Si esto no sucede, el riesgo es que la duda predomine en la vida pública y se incremente la insatisfacción democrática y política. El trabajo de las autoridades electorales debe estar libre de toda desconfianza. Y creo yo, que la mejor forma de conseguirlo es trabajando imparcialmente frente a los actores políticos y los diversos poderes. Estas acciones deben ser aplicadas de manera urgente, porque la opinión ciudadana sobre este tipo de instituciones es muy crítica, donde la imagen puede ser muy negativa; creando una situación grave y haciendo suponer a la gente que los resultados electorales serán fraudulentos.
Los estudios y resultados muestran que los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, están obligados a revertir esta percepción ciudadana, cada vez más generalizada en México. Para lograrlo se requiere que las autoridades comiciales operen con apego a las disposiciones constitucionales de la materia y generen condiciones para que todas las contiendas políticas sean equitativas. Las instituciones deberán garantizar el voto ciudadano.
Además, el análisis que realicé muestra que la confianza en instituciones de naturaleza electoral se alienta del interés y del involucramiento político del ciudadano, por lo que, a mayor interés en la política, hay más confianza en el INE y los partidos. Esto de alguna manera se ha documentado ya al probar que las personas que acuden a votar en México son políticamente más activos en otras áreas que los que no votan, además de que también son más propensos a identificarse con algún partido político o con alguna corriente ideológica.
El juicio de confianza hacia el conjunto de instituciones de orden público no es una constante, sino que depende de la institución particular a ser evaluada, tenemos, pues, que la separación entre instituciones de representación y de implementación es factible puesto que, al generar un juicio de confianza para cada una de éstas, el individuo se basa en aspectos de análisis muy distintos.
- Revista de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – El nuevo modelo de Gobernanza Electoral: cambio desatinado, página 129.
- Principios Rectores en materia electoral: imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza e independencia.
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