Una de las garantías individuales del derecho social, que viene resguardado en el artículo 123 constitucional en el apartado “A”, es sin duda el derecho al trabajo digno y socialmente útil, éste se contempla en nuestra Constitución, en donde se establecen todas las características que deben ser cuidadas en un entorno laboral-empresarial y social.
En este caso, hago referencia al derecho que tienen los trabajadores sobre la participación en las utilidades de la empresa, dado que estamos en meses en los que se tienen que hacer los pagos de esta prestación (Mayo personas morales, junio régimen de incorporación fiscal y julio-agosto las personas físicas en general).
Existe una obligación para todos aquellos que tengan personal a cargo y que por consecuencia, éste realice su trabajo personal y directo <no outsourcing>, hacia la empresa en la que colaboran y ésta a su vez, les corresponda con el pago de un salario. Menciono esto porque existen algunas personas (no trabajadoras), afiliadas o asociadas a empresas no lucrativas o a sociedades civiles y cooperativas, en las que no se pagan estos derechos ganados, además existen empresas que si no tienen más de $300,000.00 de ventas en el año, no están obligadas al pago de esta prestación para los trabajadores.
Son tiempos difíciles para todos y por más que le doy vueltas al asunto, las empresas buscarán cumplir con esta obligación, porque independientemente de ser sancionadas, la verdad es que en mi experiencia, es un gusto poder compartir (pagar esta prestación) con quienes te ayudan a fortalecer las finanzas de la empresa, con el empeño que esto conlleva.
Para este caso complejo del año 2020, en el que la enfermedad vigente se ha convertido en una “Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, tal como lo ha decretado la autoridad competente de nuestro país y publicado en marzo en el diario oficial de la federación. Esto ha traído consigo diversas situaciones tales como: caída de los precios del petróleo, recaudación, colocación de la deuda a 25 años, militarización del país, ofensa a los sectores constructivo, médico, docente y empresarial, además de la independencia de los casi 600,000 empleos formales que se han perdido, esto según las cifras que ha dado el propio Instituto Mexicano del Seguro Social al mes de mayo, que si bien es cierto no sabemos la cifra real, por lo que existe el 55% de trabajo informal.
Estoy seguro que la pérdida de empleos llegará al 1.3 millones en el mes de junio, pero ésta no es excusa para no pagar esta obligación, estar desempleado no es perder el derecho, pues es una garantía social que tienen los trabajadores y que se la han ganado por haber colaborado en una empresa que se sabe administrar y generar un mejor entorno para sus colaboradores y para su autoridad (muy a pesar de ella), desde lo Municipal, Estatal y Federal, contribuyendo así a nuestra Carta Magna.
Hoy mas que nunca necesitamos empresas comprometidas con nuestro País y con su gente.
Desde que yo recuerdo siempre han sido tiempos difíciles, nunca comparado con esto que estamos viviendo, con fuga de capitales en un entorno inseguro y con incertidumbre de todo tipo, una falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan para tener un mejor entendimiento y lograr juntos, una mejor coordinación de lo que debemos hacer, para construir el estado mexicano que recibimos y que debemos entregar a nuestros hijos.
