Por: CP EF Y MI Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio
Tras más de un año de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, a finales del año pasado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegó a una sustitución con un nuevo acuerdo comercial denominado T-MEC, el cual hasta el momento está en proceso de ratificación en el Congreso Estadounidense y mantiene a nuestro país en expectativa.
Dicho tratado busca consolidar la integración económica de América del Norte bajo las nuevas reglas que los tres países tienen. Previo al arranque del análisis de la ratificación en EUA, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, compartió con una delegación de congresistas de Estados Unidos, las prioridades de México en materia de política interna y de política exterior, destacando que la relación bilateral es fundamental para la prosperidad de ambas naciones, razón por la que era vital este tratado para el desarrollo económico.
Este proceso de ratificación se ha tornado complejo por los temas pendientes que tiene los países México y Estados Unidos; sin duda la reforma laboral era la ficha fundamental de la negociación, ahora que la Cámara de Diputados la aprobó y que sólo queda la ratificación en el Senado de la República, puede lograrse un avance a favor de nuestro país.
La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (International Trade Commission, ITC, por sus siglas en inglés) debía evaluar el probable impacto del T-MEC en la economía de los Estados Unidos, una vez realizado se entregó un informe oficial para que el Congreso estadunidense iniciara el estudio final. Este informe indicó que con dicho tratado se prevé que las exportaciones estadounidenses a Canadá y México incrementen en 19 mil 100 millones de dólares y 14 mil 200 millones de dólares, respectivamente.
Si bien esto puede parecer prometedor, hay voces que ponen en riesgo la ratificación. Esta semana el principal sindicato de Estados Unidos emitió un posicionamiento en contra de la ratificación del T-MEC, al poner en duda que México pueda imponer realmente las reformas laborales exigidas en el acuerdo. Un ejemplo clave es el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Richard Trumka, quien apuntó en medios de comunicación locales que además de cambiar las leyes laborales, México tiene que demostrarle a Estados Unidos que cuenta con la infraestructura y los recursos requeridos para implementarlas. También el senador republicano Chuck Grassley, exigió en tribuna que antes de cualquier votación primero se levanten los aranceles del acero y el aluminio, petición que el propio presidente Donald Trump se niega a aprobar.
El diálogo continúa y sin duda esto puede cambiar todo el ritmo de vida de tres naciones, sin un tratado de esta naturaleza el sistema económico de América del Norte se verá afectado, puede ser a favor en algunos casos, pero muchos más en contra; en el caso de nuestro país es vital porque aunque sea firmante de 12 tratados de libre comercio con 46 países; por su volumen de negocio, el ahora llamado T-MEC es el de mayor importancia política, económica y social.
Con base en el último reporte del Gobierno de México, los principales productos que nuestro país exporta a Estados Unidos son los automóviles, aparatos de grabación o reproducción de audio y video, y petróleo. Mientras que a Canadá se exportan estos mismos más las mercancías para ensamble o fabricación de aeronaves. Sin un acuerdo comercial de esta magnitud, caeríamos en una grave situación tanto económica como laboral y social.
Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se informó que ya hay una probabilidad de hasta el 80% de que el T-MEC se ratifique por Estados Unidos en estas semanas, para que Canadá y México puedan iniciar lo conducente en sus Cámaras legislativas a más tardar en verano de este 2019.
*Contador Público. Cuenta con una especialidad en Finanzas, una Maestría en Impuestos, y un Doctorado en Gobierno y Administración Pública. Actualmente se desempeña como Síndico en el SAT y es Director General de Grupo Solfis, con más de 20 años de experiencia en temas fiscales y asesoría de impuestos.
