Por:
Lic. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio
Desde que tuvimos conocimiento en noviembre de 2019 de la aparición de casos del Covid-19 en China, la forma en la que reaccionó ese país, quedó claro que cerrar las fronteras no era la solución, sino que era disminuir la movilidad dentro del territorio, ellos optaron por aislar al estado del brote. Definitivamente el hecho de que pudieran haber dejado abiertas las fronteras, los vuelos internacionales ocasionaron que el virus se esparciera por todos lados.
Al poco tiempo en Europa; Italia sobre todo fue la más afectada, ese continente ya estaba infectado, después se reportaron casos en Nueva York, Brasil y en Medio Oriente, en Israel e Irán daban ya el indicio de que se trataba de una pandemia.
Fue en enero cuando se registró el primer caso de esa poderosa enfermedad en nuestro país y no se reconoció, sino hasta el mes de febrero, que el virus había llegado para quedarse. Marzo fue la fecha en la que se decretó “algo”, no sé lo que fue, pero se <decretó>, fue como una enfermedad de transmisión viral que hacía que estuviéramos en un caso de emergencia sanitaria.
El 27 de marzo el Gobierno de la República a través del mandatario que tiene esa responsabilidad por la Constitución y recae en el consejo General de Salud, decretó una “Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor” y cualquier cosa que eso signifique provocó acciones inmediatas, una después de la otra para contener este padecimiento, pero para el sector económico, no hubo ninguna empatía y consideración, los contribuyentes, empresarios y negocios, debían apagar el fuego que el Gobierno Federal estaba alimentando.
Existe un mecanismo que ya conocíamos tras la aparición de la influenza en 2009, hubo consecuencias en la legislación laboral, se incluyó un artículo nuevo, en el que ya se reconocía la acción encaminada a contener el padecimiento económico, que pudiera causarse por un siniestro como éste.
La ley laboral es la más novedosa de todas las leyes en relación a la pandemia, es la única que pareciera entender lo que se tenía que hacer, pues contemplaba lo sigue haciendo, un artículo para que el gobierno de la República pudiese decretar “La suspensión de las relaciones de trabajo” ante una “contingencia sanitaria”, la consecuencia para el empresario, era cerrar un mes completo su negocio para poder entregar a los trabajadores un mes de salario mínimo y así poder disminuir el tráfico, la movilidad de las personas y el contagio de la enfermedad.
El gobierno por otro lado, pudiese enfocarse en atender el tema de salud, hizo caso omiso de lo que la legislación establece, hoy seguimos sin conocer el decreto de la suspensión de la relación de trabajo, hemos perdido casi dos millones de empleos reales, un millón doscientos mil reconocidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros tantos informales, estamos en recesión, no habrá dinero que alcance ni para pagar cuotas, rentas, sueldos, deudas o tarjetas de crédito, los contribuyentes seguirán pagando las consecuencias.
