Por: Lic. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio
En recientes fechas, nos sorprendió la asignación del premio Nobel de la paz 2020, en donde el premio se otorgaba al “Programa Mundial de Alimentos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo y especialmente en zonas de conflicto, evitando el uso del hambre como un arma de guerra (se hizo mención).
Desde la formación de la ONU y posteriormente la conquista de los Derechos Humanos, como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en 1948, ha sido un parteaguas de la concepción de las garantías de la dignidad humana y las leyes que han sido modificadas en cada país, para ir reconociendo los derechos que se van conquistando y la mecánica de hacerlos valer (incorporación de las legislaciones y los cuerpos jurídicos e instituciones).
Esta situación que menciono, ha venido a poner a diversas organizaciones internacionales, a participar en conjunto para desarrollar la agenda 2030 e involucrar a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a participar en la construcción, para implementar mecanismos de participación, sobre todo en conjunto, por el gobierno y viceversa.
Por su parte, el Gobierno Federal de nuestro país en el 2018, se sumó a la integración de esta agenda y convocó a las organizaciones de la sociedad civil, a conformar el “Comité del Consejo Nacional” de dicha agenda, para generar un desarrollo sostenible, en el que se involucrarán las organizaciones de la sociedad civil, sus inquietudes, experiencia y compromiso con la sociedad.
Sin embargo, en otro artículo que publiqué anteriormente, mencionaba sobre las acciones gubernamentales, que estas por el contrario -limitaban el desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil-, por no quedar claramente establecida la mecánica de participación, además la falta de capacitación que existe por las autoridades, hacia estas organizaciones, que cada vez las vemos menos fortalecidas, pues no existen mecanismos que les ayuden a formalizarse y simplificar la transparencia de sus operaciones.
Entre el 2019 y el 2020, alrededor de 2000 multas de casi $90,000.00, fueron notificadas a las diversas organizaciones de la sociedad civil, por no haber cumplido con la obligación de presentar un informe de transparencia, al haber o no, recibido recursos para apoyar los sismos del 2017. Esto se debe a que estas organizaciones, carecen de capacitación para fortalecerse en sus procesos administrativos, sin embargo, vemos que en la agenda del mundo y del país, si existe la integración, pero no la mecánica del fortalecimiento.
Para Resaltar los datos que se convierten en hechos, actualmente existen en nuestro país 42,974 organizaciones de la sociedad civil y de esas alrededor de 10,000, son donatarias autorizadas, estas según el último reporte publicado por el “Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados”, donde se menciona que el 60% de los recursos son destinados a organizaciones autorizadas, para recibir donativos de tipo asistencial, el 12% a quienes otorgan apoyos económicos, el 11% organizaciones educativas, el 4.9% culturales, el 4.7% científicas y el 7.4% se reparte entre ecológicas, que otorgan becas, apoyan el Desarrollo Social, realizan obras públicas, museos y bibliotecas privadas.
Según los mismos reportes que explica este organismo, son 47,000 millones de pesos que se reparten en las diferentes organizaciones que son y están autorizadas para recibir donativos, es decir, más de 30,000 organizaciones no son apoyadas, por no estar autorizadas y la cuestión es ¿Por qué?.
Si nos vamos al fondo del problema, nos vamos a encontrar que es la falta de orientación, capacitación y formalización de estas, debido a que los recursos que obtienen, ni siquiera son suficientes para garantizar su subsistencia; se acerca una desincentivación del interés de la continuación de estas organizaciones, a pesar de los esfuerzos internacionales en la agenda 2030. Parece ser que en nuestro país, no hemos comprendido la importancia de las organizaciones en acción, ya que son fundamentales para el desarrollo sectorial y restauración del tejido social.
