Por: Lic. Javier Mojarro Rosas
La jornada electoral está a la vuelta de la esquina.
El 5 de junio se vislumbra como una nueva oportunidad para que en la ciudadanía ejerzamos uno de nuestros derechos más importantes, el de elegir a nuestros gobernantes, las personas a quienes les facultaremos para tomar las decisiones públicas en nuestra representación, buscando elevar la calidad de vida y la armonía entre la sociedad hidrocálida.
Ya todo está listo, las campañas electorales culminaron; la información por parte de los partidos políticos, coaliciones y las propias candidatas sobre los programas y las acciones que emprenderán en caso de ser electas ha sido rendida, con la intención de forjarnos un criterio sobre el destino de nuestros votos; los materiales y la documentación electoral obra en manos de las y los funcionarios de casilla que gustosamente cumplirán con su deber cívico de instalar las más de mil setecientas casillas en el estado, con el único objetivo de recibir y contabilizar cada uno de los sufragios emitidos por la población; las cincuenta urnas electrónicas están dispuestas, en espera de la jornada de votación, para, de igual forma, ser instaladas como parte de una prueba piloto a implementarse en el estado buscando optimizar el ejercicio del voto; la infraestructura tecnológica del programa de resultados electorales preliminares y para los conteos rápidos está lista, buscando otorgar certeza de los resultados entre el electorado; pero ¿quiénes están detrás de toda esta ingeniería electoral, planificando y operando cada procedimiento, con la única intención de montar el escenario idóneo para que podamos votar en una jornada desarrollada sin ningún inconveniente? El cuerpo electoral.
Y ¿qué significa ese concepto? Regresemos en la historia de nuestro país a aquellas épocas en las que, las elecciones eran desarrolladas por el propio gobierno en el poder, la Secretaría de Gobernación, particularmente, a través de sus servidores y servidoras públicas, era quien se encargaba de construir el escenario en el cual, la población mexicana, salía a ejercer su derecho al voto, en condiciones que distaban de ser consideradas como democráticas, siquiera en su sentido más básico, el resultado: muchísimos años con una nula transición política en el poder, ocasionando que, mediante la lucha de la oposición, la presión mediática y la crítica ciudadana, forzaran los acuerdos legislativos que fueron llevando, de a poco, al marco normativo electoral que hoy en día rige nuestras elecciones y que si bien, aún resulta perfectible, no existe discusión, en cuanto a que, es uno de los sistemas latinoamericanos en consolidación democrática más reconocido.
Una de las condiciones más importantes que fue exigida en la transformación de la gobernanza electoral del país resultaba en que la organización de los comicios recayera en una autoridad diversa al poder ejecutivo, para evitar cualquier conflicto de interés y prevalecer así los principios de imparcialidad, equidad e independencia que deben regir cualquier sistema que se ostente como democrático; esta función recayó en instancias autónomas, independientes de cualquiera de los poderes clásicos del estado, cuyas características debían incluir una muy relevante, que se integraran con personal imparcial, objetivo y sobre todo especializado en la materia, reconocido como el cuerpo electoral.
A nivel federal, el otrora Instituto Federal Electoral instauró un servicio de carrera electoral, conocido como el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN por sus siglas) con la intención de consolidar un funcionariado electoral, estable y en constante preparación, lo que a la postre se traduciría en la organización de elecciones de mayor calidad; una de las virtudes de este servicio, sería el otorgar a las y los trabajadores electorales, permanencia en sus puestos, evitando la constante en la trayectoria laboral de la y él servidor público común, cuya estabilidad se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la administración en el poder; por otro lado, dicha permanencia estaría condicionada a la constante capacitación del propio personal, a la evaluación tanto de su desempeño como de sus conocimientos, ofreciendo a cambio, no solo la estabilidad referida, sino también un esquema de desarrollo de su perfil y de crecimiento en la estructura dentro de la propia autoridad electoral.
Este sistema fue extendido a determinados cargos ocupados por personal de los organismos públicos locales electorales en cada una de las entidades federativas del país, gracias a la reforma político-electoral del año dos mil catorce, lo que sin duda ha sido benéfico, pues con ello se ha logrado también incrementar la calidad de la organización de los comicios locales, lo anterior bajo el esquema nacional operado por el Instituto Nacional Electoral.
Agradezcamos este esfuerzo profesional de todo el cuerpo electoral que ha invertido horas y días enteros de su tiempo para ofrecer un escenario idóneo en el que se desarrollará la próxima jornada electoral con una simple acción que no nos costará mucho: acudir a las casillas a ejercer libre y razonadamente nuestro derecho al voto, lo que, sin duda, terminará por conformar la satisfacción del deber cumplido de todas estas personas.
